Tan fácil como presentar una identificación  y sin más requisitos que una tarjeta de crédito y llenar un formulario, en gran parte del territorio de Estados Unidos cualquier ciudadano con 21 años de edad puede, en uso de un derecho establecido en la Segunda enmienda de su Constitución, comprar armas de todo tipo sin dar mayores explicaciones.

La adquisición de un arma autorizada para la defensa personal, que en la mayoría de los países requiere de un estricto procedimiento regulado por las autoridades para su control, en la Unión Americana es tan fácil como entrar en un establecimiento de hamburguesas y pedir una orden para llevar.

Lo absurdo del ejemplo permite ilustrar cómo es que James Holmes, de 24 años, quien perpetró el ataque en un complejo de cines en Aurora, Colorado, en la medianoche del jueves 19 de julio tras ingresar en una sala que proyectaba el estreno de la película Batman: el caballero de la noche asciende, asesinó a doce personas y dejo heridas a 59.

El presunto agresor portaba tres armas que compró de manera legal, según sus propias declaraciones: un fusil AR-15, un fusil Remington 879, dos pistolas Glock calibre .40, seis mil rondas de municiones y múltiples cartuchos para su rifle, incluido uno capaz de disparar 60 balas por minuto.

Poderosos intereses

Esta nueva masacre en territorio estadunidense reabre, en un sector cada vez mayor de esa sociedad, entre especialistas y a nivel internacional, el debate acerca de las bondades de la libre venta de armas, un asunto sagrado para la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, para quienes poseerlas es una cuestión que defienden con la misma convicción y orgullo con que ensalzan su democracia o libertad.

La discusión interna en Estados Unidos y los intentos de regular la venta de armas -incluidas las prohibidas de alto poder- se topan con poderosos intereses de las grandes empresas armamentistas, la Asociación Nacional del Rifle (ANR, por sus siglas en inglés) y congresistas republicanos y demócratas, lo que provoca que el Congreso y el propio presidente Barack Obama, pese a que se han manifestado por un mayor control, le den vuelta al problema o de plano no hablen de ello.

El descontrol de la venta de armas de alto calibre, como las utilizadas en la tragedia en Colorado, tiene además un serio impacto en México: 90% de las armas aseguradas en nuestro país proviene de Estados Unidos, son ingresadas de manera ilegal y terminan en manos de organizaciones criminales, lo que motiva una permanente demanda del presidente Felipe Calderón, señalando en diversas ocasiones al Congreso de ese país y a Obama la necesidad de un mayor control en la venta de armas, así como de revisar su "equivocada" legislación en la materia.

Ciudadanos armados

El uso de armas para la defensa de su integridad y sus bienes está en el mismo origen del nacimiento de Estados Unidos, ya que de acuerdo con estudiosos del tema, entre los estadunidenses prevalece un sentimiento surgido entre los pioneros, quienes protegieron su derecho a defenderse con armas contra su propio gobierno o contra invasiones, entre otros motivos.

Esta postura quedó plasmada como norma en la Segunda enmienda de su Constitución, donde se establece que "siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas", lo que distingue a ese país de gran parte de la comunidad internacional, ya que pocas naciones reconocen la posesión de armas como un derecho constitucional.

De ahí que para los ciudadanos de ese país poseer armas sea un derecho inalienable, pese a los cientos de casos de asesinatos masivos que han ocurrido en la Unión Americana en su historia moderna, como el de la escuela secundaria de Columbine, condado de Jefferson, Colorado, en 1999, donde dos adolescentes armados con escopetas, una carabina y una pistola semiautomática asesinaron a doce estudiantes y un profesor.

Otra masacre reciente se registró en Virginia Tech, en abril de 2007, donde un estudiante de origen sudcoreano asesinó a 33 personas, en el peor ataque a una universidad de ese país.

Y entre esos asesinatos masivos recientes está igualmente el de Tucson, Arizona, donde un sujeto llamado Jared Lee Loughner asesinó a seis personas y dejó heridas a 13 más, entre ellas a la congresista demócrata Grabielle Giffords.

Según las estadísticas, en Estados Unidos casi 80 personas mueren al día por armas de fuego y al año pierden la vida 28 mil, mientras que otras 100 mil resultan heridas por la violencia armada.

Se calcula que 90 millones de estadunidenses poseen 200 millones de armas, lo que hace que ese país tenga el más alto porcentaje de civiles que portan o pueden portar armas.

Además, 40% de los hogares de ese país posee, al menos, un arma de fuego.

Fundamental

Lo ocurrido en Aurora, Colorado, genera nuevas discusiones entre diversos sectores en Estados Unidos acerca de la necesidad de un mayor control en la venta de armas o de expedir incluso leyes que prohíban la venta de armas de alto poder a prácticamente cualquier persona que llene requisitos mínimos y sin que se le pidan antecedentes penales o algún certificado médico que avale su salud mental.

El tema, de acuerdo con los analistas, no es fácil dentro de la sociedad estadunidense, en la que hay una férrea tradición del derecho a poseer armas para defenderse, en el que coinciden prácticamente todos, ya sea quienes se oponen al control o leyes restrictivas o quienes propugnan porque se fiscalice la venta de armas permitidas o de alto poder.

Para tener una idea de lo que piensan los estadunidenses respecto de este tema, la empresa Gallup realizó una encuesta en 2010 que demostró que el apoyo a un control de armas más estricto ha disminuido 34% en los últimos 20 años.

En tanto que la poderosa Asociación Nacional de Rifle, que cuenta con cuatro millones de miembros, se ha mantenido inflexible a cualquier intento de iniciativas para controlar la venta de armas.

Como parte de está polémica, el propio Tribunal Supremo de la Unión Americana dictaminó a finales de junio de 2010 el derecho de los ciudadanos de ese país a portar armas, establecido en la Segunda enmienda de la Constitución, el cual debe ser respetado plenamente por todos los estados y las ciudades del país, decisión considerada histórica.

En su resolución, los nueve magistrados del tribunal votaron por cinco votos a favor y cuatro en contra por extender a todo el país el derecho a llevar armas como una garantía fundamental, declarando así inconstitucional una prohibición para armas cortas aplicada por Chicago y Oak Park, del estado de Illinois, hace 28 años.

Costo político

El espinoso tema del derecho a portar armas es uno de los que más divide a la sociedad y a las esferas política y jurídica en Estados Unidos, donde gobernantes y congresistas tienen que ser muy cuidadosos al tratarlo, debido al alto costo que puede tener entre los votantes.

Para ejemplificar lo complicado que es enfrentar este tema en la actualidad, el propio presidente Barack Obama ha sido cauteloso, ya que si bien condenó el hecho trágico de Aurora, no ha sugerido un mayor control en la venta de armas y menos en estos momentos en que busca la reelección.

Cuando realizaba su campaña a la presidencia en 2008, Obama se comprometió a restablecer la prohibición de las armas de asalto que expiró en 2004, la cual prohibía la venta de rifles de asalto de alto poder como el AR-15 o el AK 47, pero los analistas recuerdan que como presidente ningún intento ha hecho de hacerlo.

Por su parte, el candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, prohibió las armas de asalto como gobernador de Massachussets, pero en la actualidad se opone a todas las medidas de control de armas.

En 2004, cuando firmó la prohibición, Romney aseveró que "las armas de asalto mortal no tienen lugar en Massachussets", pues a su juicio se trataba de instrumentos de destrucción con el único propósito de cazar y matar a la gente.

Sin embargo, ahora sostiene que endurecer el control de armas no evitaría masacres como la de Aurora, Colorado, por lo que considera que los legisladores deberían esperar y no apresurarse a cambiar la política de control de armas luego de ese episodio trágico. "Nuestro desafío no son las leyes, nuestro reto es la gente", resaltó.

Lo ocurrido en Colorado les ha vuelto a recordar a los estadunidenses que su derecho a tener armas tiene un alto costo de vidas, con casi 30 mil muertos y 100 mil heridos cada año por la violencia de las armas... y las decenas de masacres multitudinarias a las que están expuestos no sólo en lugares al aire libre, sino ahora también en escuelas, universidades y hasta cines.

Pero, paradojas de la visión de los ciudadanos de ese país, luego de la masacre de Aurora aumentaron las ventas de armas, por miedo a que los políticos que se oponen a su portación aprovechen la situación para promover restricciones.

Lo cierto es que, como afirma un funcionario de Colorado, la discusión que ahora se ha desatado acerca de las armas pasará en cuanto transcurran algunas semanas: la mayoría olvidará la tragedia y no se volverá a hablar con tanta insistencia de regular o prohibir la venta de armas en ese país? hasta el siguiente asesinato masivo.